Ens sorprèn llegir a la pàgina web del Ministerio del Interior la noticia de l’acord que han signat la Guardia Civil amb Philip Morris i Altadis per a la aportació de mitjans per a la lluita contra el contraban de tabac.
Tal com diu Joseba Zabala al seu article Golazo a la salud y al sentido común: Hace daño a la vista ver a una tabaquera pagando a la Benemérita cámaras acuáticas, sistemas de visión nocturna, escáner... Todo un golazo y, además, en propia meta, porque se permite a estas corporaciones aparecer ante la gente como garantes de la legalidad y el buen hacer.
I el mateix Joseba ens explica tot el procés per tal de poder jutjar amb criteri: Este acuerdo no cumple con los requisitos del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito de los Productos del Tabaco impulsado por la Organización Mundial de la Salud y firmado el pasado año por España, y que establece en su artículo 8.2 que el sistema de seguimiento y rastreo debe de ser controlado por el Estado de forma independiente de la industria tabaquera. A més…El artículo 5.3 del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco exige a los Estados que sean responsables y transparentes en todos sus contactos con la industria. Ahora bien, una cosa es pedir datos a una tabaquera, y otra muy distinta es dejarse financiar por ella. Hablando claro: ¿cómo es posible que una tabaquera pueda financiar a quien se supone que tiene que luchar contra el contrabando, cuando ha quedado patente que es la propia industria quien puede estar detrás? La financiación de estos sistemas policiales de control tiene que provenir de los impuestos al tabaco y no del dinero oscuro de quien lo fabrica y trafica con él.